Ley Antitrámites: cinco cambios que propone el proyecto de competitividad.

El Gobierno realiza audiencias públicas para fortalecer la Ley Antitrámites, un proyecto que busca simplificar procedimientos y mejorar la competitividad empresarial.

El Gobierno nacional inició una serie de audiencias públicas territoriales para recoger propuestas y observaciones de los sectores productivos y la ciudadanía, con el propósito de fortalecer el Proyecto de Ley de Competitividad, conocido como Ley Antitrámites, antes de continuar su trámite en el Congreso de la República.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella y liderada por el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, fue aprobada en primer debate por las comisiones sextas conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes.

El proyecto busca simplificar, racionalizar y optimizar los procedimientos que deben realizar ciudadanos, emprendedores y empresas ante las entidades públicas, mediante la reducción de tiempos, costos y requisitos innecesarios. También pretende facilitar la inversión, promover la formalización empresarial y mejorar las condiciones para el desarrollo de las actividades productivas.

La iniciativa, que ya superó su primer debate en el Congreso, contempla cinco líneas de acción para simplificar procedimientos, impulsar la digitalización y reducir las cargas administrativas que enfrentan ciudadanos y empresas. En Bogotá participaron representantes de 55 sectores y organizaciones.

Bogotá reunió a 55 representantes de sectores económicos y sociales

El recorrido de participación comenzó el jueves 5 de noviembre en Cali y continuó este viernes 6 de noviembre en Bogotá, donde se realizó la segunda audiencia pública en el Salón Luis Guillermo Vélez del Congreso de la República.

Durante la jornada se desarrollaron 55 intervenciones de representantes de gremios, empresarios, organizaciones sectoriales y ciudadanía, quienes presentaron observaciones sobre las medidas propuestas, sus posibles efectos y los ajustes que consideran necesarios para fortalecer el articulado.

Entre las organizaciones participantes estuvieron la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Fenalco, Confecámaras, AmCham Colombia, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, el Consejo Gremial Nacional, Camacol, Colfecar, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, Cotelco y Colombia Fintech.

También participaron representantes de los sectores farmacéutico, tecnológico, turístico, financiero, de seguridad privada y de los cuerpos de bomberos.

Las propuestas y observaciones abordaron temas como comercio exterior, inversión, facilitación digital, Ventanilla Única Empresarial, logística, trámites sanitarios, urbanismo, construcción, servicios financieros, procedimientos notariales y registrales, innovación, turismo y gestión del riesgo.

Gobierno busca recoger propuestas antes del segundo debate en plenarias

El viceministro de Desarrollo Empresarial, Manuel Alejandro Naranjo Giraldo, destacó la importancia de escuchar a los diferentes sectores antes de que el proyecto llegue a las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes.

“Queremos escuchar las voces de los diferentes actores territoriales antes de llevar el proyecto a las plenarias de Cámara y Senado, y así avanzar en el objetivo de lograr una mejor relación del Estado con los ciudadanos y el sector productivo, bajo una lógica de simplificación, racionalización y optimización de trámites”, señaló el funcionario.

En Bogotá, la instalación de la audiencia estuvo a cargo del senador Carlos Eduardo Guevara, presidente de la Comisión Sexta del Senado y coordinador ponente. La jornada también contó con la participación de la senadora María Lucía Villalba, vicepresidenta de esa comisión y ponente de la iniciativa.

Los congresistas ponentes participan en estas jornadas junto con el Gobierno nacional para escuchar las inquietudes de los sectores económicos y sociales e identificar oportunidades de mejora en el contenido del proyecto.

Los aportes recogidos serán revisados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en coordinación con el Congreso y las entidades competentes, antes de la discusión en las plenarias.

¿Qué cambios propone la Ley Antitrámites?

El Proyecto de Ley de Competitividad contempla cinco líneas de acción para transformar la manera en que ciudadanos y empresas realizan sus gestiones ante el Estado:

1. Simplificación de requisitos: eliminar o reducir documentos y exigencias duplicadas que generan demoras y cargas administrativas.
2. Digitalización de procedimientos: facilitar la realización de trámites mediante herramientas y plataformas digitales.
3. Conexión de sistemas de información: promover la interoperabilidad entre entidades públicas para evitar que los ciudadanos deban entregar repetidamente documentos que ya reposan en el Estado.
4. Coordinación de trámites: permitir que los procedimientos que puedan adelantarse simultáneamente se desarrollen de manera articulada, reduciendo los tiempos de respuesta.
5. Controles proporcionales al riesgo: ajustar las exigencias administrativas según el nivel de riesgo de cada actividad, sin eliminar los controles técnicos, sanitarios, ambientales y de seguridad necesarios.

Estas medidas buscan que los usuarios puedan realizar sus gestiones con mayor facilidad, tengan información clara sobre el estado de sus solicitudes y no deban asumir cargas innecesarias para acceder a los servicios del Estado.

Ventanillas únicas y menos cargas para las mipymes

Entre las medidas específicas se encuentra el fortalecimiento de la Ventanilla Única Empresarial (VUE) y la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), herramientas orientadas a facilitar los procedimientos para la creación y operación de empresas, así como las actividades relacionadas con el comercio internacional.

La iniciativa también contempla modernizar los procedimientos notariales y registrales, reducir las cargas administrativas para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y simplificar trámites asociados con inversión, construcción y otras actividades productivas.

Uno de los propósitos centrales es evitar que los ciudadanos y empresarios tengan que presentar varias veces la misma documentación ante diferentes dependencias, cuando esa información ya se encuentra disponible en los sistemas de las entidades públicas.

Una apuesta por la competitividad y la inversión

El Gobierno plantea que la simplificación de trámites puede contribuir a mejorar la relación entre el Estado y los ciudadanos, reducir los costos de operación de las empresas y generar condiciones más favorables para la inversión y la productividad.

Sin embargo, el proyecto continuará su proceso legislativo y deberá incorporar las observaciones que resulten pertinentes de las audiencias territoriales antes de su discusión en las plenarias del Senado y la Cámara.

El propósito de este ejercicio de participación es construir una normativa que permita eliminar barreras administrativas innecesarias, fortalecer la formalización empresarial y facilitar el crecimiento de los sectores productivos, sin debilitar los controles que protegen el interés general.