Congreso aprueba la Ley de Sometimiento a la Justicia y establece nuevo marco jurídico

El Congreso aprobó la Ley de Sometimiento a la Justicia, que establece penas y condiciones para desmantelar estructuras criminales en Colombia.

El proyecto impulsado por el Gobierno establece un nuevo marco jurídico para el desmantelamiento de organizaciones criminales de alto impacto. La iniciativa contempla penas de prisión para sus integrantes, descarta el reconocimiento de estatus político y establece condiciones para acceder a reducciones de condena.

El presidente Abelardo De La Espriella celebró la aprobación en el Congreso de la República del proyecto de Ley de Sometimiento a la Justicia, una iniciativa que busca establecer un nuevo marco jurídico para el desmantelamiento de estructuras criminales de alto impacto en Colombia.

La propuesta, presentada por el Gobierno y cobijada en la prórroga de la Ley 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público, fue destacada por el mandatario como un cambio en la estrategia institucional frente a las organizaciones delincuenciales.

“¡Habemus Ley de Sometimiento!”, expresó el jefe de Estado al anunciar la aprobación de la iniciativa legislativa.

El presidente afirmó que la decisión representa un giro frente a la política de paz implementada por la administración anterior.

“La falsa paz total llegó a su fin”, manifestó, al reiterar que su Gobierno continuará trabajando por la seguridad, la justicia y la tranquilidad de los colombianos.

Gobierno destaca respaldo del Congreso a la Ley de Sometimiento

Al celebrar la aprobación del proyecto, De La Espriella reconoció el trabajo del ministro de Justicia, Iván Cancino, por su compromiso durante el trámite legislativo.

También agradeció al Congreso de la República por respaldar la propuesta y contribuir al fortalecimiento de la justicia y la seguridad nacional.

“Gracias también al Congreso de la República por la aprobación de la ley, y por contribuir, desde el ejercicio de sus responsabilidades constitucionales, al fortalecimiento de la justicia y la seguridad de Colombia”, expresó el mandatario.

Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Cancino, destacó la culminación del trámite legislativo y agradeció a los congresistas, coordinadores, ponentes y sectores que participaron en la construcción y discusión de la iniciativa.

“Culminamos una jornada decisiva para el proyecto de Ley de Sometimiento a la Justicia. Quiero agradecer a los congresistas, a los coordinadores y ponentes, y a todos los sectores que participaron en su construcción y discusión responsable con el país”, señaló el funcionario.

¿Qué contempla la Ley de Sometimiento a la Justicia?

Uno de los principales objetivos del proyecto es establecer mecanismos jurídicos para facilitar el desmantelamiento de organizaciones criminales de alto impacto.

Entre sus lineamientos centrales se encuentra la exclusión del reconocimiento de estatus político a estas estructuras, por lo que la iniciativa no contempla la instalación de mesas de negociación política con sus integrantes.

El texto aprobado por el Senado y la Cámara de Representantes establece condiciones diferenciadas para las sanciones de los miembros de estas organizaciones.

Penas de prisión y beneficios para integrantes de estructuras criminales

De acuerdo con el contenido de la iniciativa, las disposiciones en materia de sanciones contemplan:

• Mandos de las organizaciones criminales: penas mínimas de 10 años de prisión.
• Integrantes de base: reducciones de hasta el 50 % de las penas, según las condiciones establecidas en la ley.
• Cabecillas: reducciones de hasta el 30 %, conforme a los requisitos previstos en la normativa.

Otro de los lineamientos establece que las penas privativas de la libertad deberán cumplirse en establecimientos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

Una nueva ruta jurídica para el desmantelamiento de organizaciones criminales

Con la aprobación del proyecto, el Gobierno busca disponer de herramientas jurídicas para enfrentar estructuras vinculadas con actividades criminales de alto impacto, bajo un esquema que diferencia el sometimiento a la justicia de los procesos de negociación política.

La iniciativa se incorpora al marco de la Ley 418 de 1997, cuya prórroga permite mantener instrumentos legales relacionados con el orden público y la seguridad nacional.

El alcance de su aplicación dependerá de las condiciones y procedimientos establecidos en el texto definitivo de la norma.